Madrid, Canarias, Galicia y, ahora, Castilla y León. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) requiere al Gobierno autonómico la supresión o modificación de algunos artículos de la ley que regula los alojamientos turísticos en la región por obstaculizar el desarrollo de la competencia y perjudicar a los usuarios. Entre las medidas a cambiar están la de prohibir la cesión por habitaciones o la limitación del periodo de alojamiento a dos meses.

Nueva llamada al orden de la CNMC a las normas autonómicas que regulan el alquiler vacacional. Tras la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Canarias y la Xunta de Galicia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha notificado a la Junta de Castilla y León un requerimiento previo contra diversos artículos del Decreto 3/2017, de 16 de febrero, del Gobierno autonómico, por el que se regulan los establecimientos en la modalidad de vivienda de uso turístico en la región. Este es el paso previo para evitar interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En el estudio de la normativa castellanoleonesa, la CNMC ha detectado estos obstáculos:

  • Inclusión, con carácter orientativo, de los precios los alojamientos en catálogos, directorios, guías o sistemas informáticos. Se facilita así la colusión entre los operadores, ya que con esta información podrían aumentar de forma colectiva y arbitraria los precios y/o repartirse geográficamente el mercado, en perjuicio de consumidores y usuarios. También la Comunidad Autónoma podría realizar recomendaciones de precios, en contra de la competencia y de la eficiencia del sistema.
  •  Presenta un catálogo exagerado de requisitos técnicos y servicios mínimos exigidos. Estos no superan el análisis de necesidad y proporcionalidad de la regulación. Existe una carga innecesaria para operadores, que incrementa los costes y limita su libertad de auto-organización.
  •  Además, se exige que la vivienda tenga un distintivo y la asistencia telefónica las 24 horas, cargas al operador no justificadas. Se favorece así a establecimientos tradicionales en perjuicio de los oferentes (actuales o potenciales) y de los usuarios que deseen optar por servicios alternativos más o menos completos.
  • Prohíbe la cesión por habitaciones.  Así, limita el libre ejercicio de la actividad económica y restringe el número y variedad de plazas de alojamiento.
  •  Establece un régimen jurídico diferenciado en función de elementos temporales de la estancia y de la actividad. Con ello, limita la aplicación del Decreto a estancias inferiores a dos meses y a que el total de estancias por alojamiento en un año natural superen el mes de duración. Estos no son

Para Almudena Ucha, CEO de Rentalia, “una vez más la CNMC tiene que intervenir para asegurar la libre competencia en el mercado del alojamiento y frenar las medidas que se quieren imponer en contra de la actividad del alquiler vacacional. La administración se empeña en posicionarse en contra del sector del alquiler de viviendas turísticas a pesar de que la demanda por este tipo de alojamientos no deja de aumentar, y de que las directrices europeas van en la dirección contraria”.