Lean el siguiente caso: un paisano de Asturias tenía que vender su pisito. Se fue a un agente inmobiliario, y este le dijo que se podía vender por 40.000 euros. “¿Solo eso?”, pensó el paisano. “¡Pero si lo compré por 59.000 euros!”. Da igual. Es lo que hay, le dijo el agente.

Al final lo vendió por 40.000 euros. Al llegar la hora de liquidar los impuestos, registró pérdidas y encima tuvo que pagarle al ayuntamiento por esta venta. Y aquí vienen las risas trágicas: ¿cómo es posible que haya que pagar impuestos por algo en lo que, técnicamente, no hemos ganado dinero?

Las cuentas son claras: si el valor catastral era de 59.000 euros, y lo hemos vendido por 40.000 euros, hemos perdido 19.000 euros en la transacción. A eso hay que añadir la comisión del agente intermediario y los impuestos del ayuntamiento.

Lo más hilarante del caso es que los ayuntamientos de toda España califican a esta operación como una plusvalía. Han leído bien. No es una minusvalía. Es una plusvalía. Lo llaman Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Pero, un momento, ¿dónde está el incremento? En lo siguiente: los ayuntamientos calculan el valor catastral, los años de tenencia y a eso aplican un coeficiente. Resultado: siempre habrá incremento del valor.

Pero la realidad es que mucha gente ha estado vendiendo por debajo del valor catastral, sobre todo después de la crisis, y sobre todo, en las comunidades donde se ha congelado el mercado inmobiliario. Para el ayuntamiento de turno, eso daba igual. El papel del catastro dice lo que dice.

Así han estado pagando un montón de paisanos en toda España hasta que el Tribunal Constitucional ha decidido tomar cartas en el asunto. Su reciente sentencia dice que no se puede cobrar plusvalías donde no hay plusvalías. Punto.

Ahora falta que los gobiernos locales desarrollen una norma adaptada a eso, y decidan las fórmulas para calcular plusvalías, minusvalías o lo que sea. Un palo para los ayuntamientos porque es una de sus principales fuentes de financiación. Pero se lo merecían. La pregunta es; ¿cómo van a devolver todo lo cobrado de más en estos últimos años?

La cuestión no es sencilla porque, como decía una información de idealista, hay muchos obstáculos. El  primero es que no podrá recuperar los impuestos pagados “aquella persona que cuente ya con una sentencia firme con fuerza de cosa juzgada. Tampoco podrá recuperar el dinero ya pagado si el contribuyente recibió en su día una liquidación del Ayuntamiento y no la recurrió, o lo hizo, pero obtuvo finalmente una resolución administrativa o una sentencia judicial desestimatoria”.

En cualquier caso, si hay reclamaciones, ¿de qué cifras estamos hablando? Según la consultora Ayming, los ayuntamientos recaudaron 2.625 millones de euros por el IIVTNU en 2015. Una parte de ello, si se demuestra, podía volver a manos de los contribuyentes.

La tasadora Tinsa afirma que el número de viviendas sobre las que se podría reclamar la devolución del pago de la plusvalía, “estaría en torno a 550.000 inmuebles en toda España”.

Pero hay abogados que advierten a los reclamantes que el proceso puede ser largo, porque se realiza por los tribunales contenciosos-administrativos, y que si la cantidad a reclamar es inferior a 4.000 euros, es lo que le va a costar en abogados, procuradores y notarios. Al final, en muchos casos puede ser lo comido por lo servido.