Ada Colau creó la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) a finales de 2015 como medida para atender las necesidades habitacionales de los barceloneses y, sobre todo, evitar pisos vacíos mientras haya familias en proceso de desahucio. Es, también, su batalla para ganar pisos para la ciudad. En su primer año de vida, la UCER ha atendido 1.574 familias en proceso de pérdida del hogar, las inspecciones se han quintuplicado y cuatro pisos vacíos fueron sancionados con 315.000 euros. Ahora amenaza con multar por 268 pisos vacíos más de entidades si no los ceden al Consistorio o los ponen en el mercado. 

En la presentación del balance del primer año del UCER, formado por 18 profesionales de diferentes materias, Josep Maria Montaner, el regidor de Vivienda, quiso dejar constancia que no hay una intención recaudatoria en las multas, sino de “garantizar que los pisos vacíos tengan un uso social”. Actualmente, el parque de vivienda social de Barcelona no sobrepasa los 10.000 pisos y el objetivo a alcanzar es, como mínimo, los 30.000. Para ello, buscan nuevos mecanismos para ampliar el parque de vivienda asequible. ¿Cómo? “con instrumentos como la UCER para aplicar la ley”, explicó Montaner. 

Estos 268 expedientes que han abierto a las entidades financieras, aclara el regidor, siguen lo que marca la ley. Cada uno de ellos se encuentra en una fase distinta del proceso. de inspección. Del total, la mayoría se encuentran ubicados en el barrio de Nou Barris, con 62 pisos vacíos y, a la vez, la zona más afectada por desahucios y con las rentas más bajas. Le sigue Sant Martí (45) y Sant Andreu (42). Los que menos pisos vacíos registran son Les Corts, con 2, Sarrià-Sant Gervasi (5) y Horta Guinardó (9).

Las viviendas inspeccionadas en Barcelona, a raíz de la creación de la UCER, se han quintuplicado respecto al 2015. En el procedimiento también detectaron sobreocupación e infraviviendas. Respecto a las 1.574 familias que solicitaron ayuda por riesgo de perder su vivienda (1.020 en 2015), la mayoría provenían del alquiler, un 65% de los casos. Los casos atendidos por hipoteca fue residual, un 5,8% (83 casos), y los que provenían de situaciones más precarias, un 29,8% (469 casos).

Según los datos facilitados por la UCER, el 38,38% de los casos obtuvo una solución temporal (una prórroga o aplazamiento) y el 34% una solución definitiva. Un 24% encontró solución propia y solo un 1,91% no logró aliviar su situación.